Las redes sociales y el paro nacional colombiano

“Terminé acorralado por los policías en cierto momento y allí fue cuando abusaron de la fuerza. Esos 13 policías no me dijeron nada sino que me golpearon con un bolillo, me pegaron puños, patadas, cabezazos. Eso fue una cosa de locos”, narra Sebastián Ruiz Hernández, un manifestante del paro nacional, quien dice fue maltratado y privado de su libertad en ejercicio de su derecho a la libre expresión

Para la abogada penalista Diana Muñoz Castellanos, una cosa es lo que dicen las normas y otra es lo que ocurre en las calles. Según la ley, ninguna persona puede ser privada de la libertad, salvo en dos casos: orden de captura o situación de flagrancia. “Las discusiones jurídicas no se pueden dar en el seno de la protesta, pues eso incrementa y escala la violencia”, afirma Muñoz. Agrega que la facilidad y ventaja que tienen hoy en día los jóvenes es documentar los hechos con sus celulares. “Esto ha sido clave, normalmente a los abogados se les complica porque no tienen pruebas. Ahora por las cámaras y videos, todo está documentado”, expresa. 

Los medios de comunicación muchas veces se han visto parcializados en la información que dan, pues muestran una realidad en pantalla distinta a lo que frente a sus ojos aparece.  Según el medio France24, “la desconfianza en los medios de comunicación colombianos lleva a los manifestantes a transmitir sus denuncias en vivo en las redes sociales”, debido a que sienten mayor seguridad en los ciudadanos, que en los medios tradicionales.

Esa noche del 1 de mayo Sebastián no logró recopilar pruebas pertinentes del episodio, pero hasta hoy circula en Facebook un video que publicó una usuaria desde una ventana cercana al lugar de los hechos. El sonido de las sirenas nubló la calma en el barrio Marmato. En la escena, un grupo de policías – unos de pie y otros en motocicleta – escoltan a Sebastián, quienes se pierden al final de la calle. “¡Ay, todo ese grupo! Es uno solo y mira todo esos policías que son”, dice alterada la usuaria segundos antes de finalizar la grabación. 

En su testimonio, Sebastián afirma no haber estado realizando ningún acto vandálico cuando la redada de la Policía llegó. Comenta que lo agredieron por la espalda con las armas de defensa, también lo golpearon en sus piernas. No fue solo hasta que él preguntó el porqué de la situación, reclamando su derecho a manifestarse, que los uniformados lo llevaron al Centro de Traslado por Protección (CTP), con el argumento de circulación prohibida en la vía pública debido al toque de queda. 

Un intendente de la policía de Manizales, quien decidió guardar su identidad, afirma que ”la figura de traslado por protección aplica para personas que son potenciales víctimas o victimarios en cualquier hora del día y para garantizar que las personas no se encuentren en vía pública en horarios no autorizados”.

Sebastián relata que al llegar al CTP lo obligaron a apagar su celular, “esto, para que no nos comunicáramos con el mundo exterior, algo que no se puede hacer”. Muchos hicieron caso omiso. Él tenía su celular descargado.

Una expresión golpeada 

Según el abogado especialista en derecho constitucional, Rodrigo Giraldo Quintero, el derecho de huelga, a la protesta o a la manifestación pacífica, está especificado en la Constitución Política de Colombia; este, a su vez, está ligado al derecho fundamental de la libertad de expresión y opinión. 

En algunos lugares de Colombia se ha decretado toque de queda por la pandemia, algo que causa miedo en los ciudadanos para ejercer este derecho fundamental. “En algunos casos, lo que empezaron a hacer fue persuadir a la ciudadanía para no salir a manifestarse. Con los comparendos logran intimidarlos, algo que no debería suceder, pues la Constitución Política es muy clara en el artículo 93 al decir que los derechos humanos no se suspenden en los estados de excepción”, afirma Giraldo.

Según la ley, se otorgan tres días hábiles después de la presunta agresión para que la víctima denuncie los hechos. Sebastián denunció, con pruebas de su estado al salir de la custodia policiaca, ante la Fiscalía General. En Colombia se presentaron, desde las protestas del 1 al 3 de mayo, 1.181 denuncias de abuso policial durante las manifestaciones que iniciaron el 28 de abril. 

“Cuando me soltaron al otro día, a las 10 de la mañana, le conté todo a un amigo abogado e hizo la apelación. Me hicieron dos comparendos: uno pedagógico y otro que hace el fiscal. Si me encuentran pruebas debo pagar 36 salarios mínimos diarios, es decir, 1 millón noventa mil pesos, aproximadamente”, narra Sebastián. 

Con el pueblo o contra él 

Iniciativas como la de los consultorios jurídicos de la Red Universitaria de Manizales, y la de abogados como Diana Muñoz, que ofrecen sus servicios de ayuda y acompañamiento legal, han tomado fuerza en el país. Según Muñoz, las llamadas que recibió por parte de los ciudadanos eran, en su mayoría, denuncias de agresiones y abuso de autoridad.

La protesta intolerante y violenta que tenga como discurso el odio, la hostilidad, que haga propaganda a favor de la guerra, que promueva el rechazo por razones de nacionalidad, raza, religión, orientación sexual o pensamiento político alimenta la desigualdad y la pérdida de poder que llevan a la exclusión y a la discriminación. La estigmatización da origen a muchas violaciones de derechos humanos y causa que grupos enteros de población resulten desfavorecidos, ya que  cuando una persona o un grupo son estigmatizadas, su dignidad  es expuesta al riesgo; se hacen vulnerables porque han sido clasificados como “diferentes” por poseer características indeseables.

El intendente asegura que los uniformados no usan armas en las protestas porque es un derecho constitucional. “Solo se hace uso legítimo de la fuerza en los eventos de alteración del orden público como disturbios y actos vandálicos. Se usan elementos como casco, escudo, armadura y gases”, puntualizó. 

La ONG Temblores corroboró que entre el 28 de abril y el 12 de mayo, ocurrieron al menos 2.110 casos de violencia policial. Entre los cuales, 362 son víctimas de violencia física por parte de la policía, 39 son víctimas de violencia homicida, presuntamente por parte de la misma organización, 16 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública y se encontraron 1.055 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes. 

El 13 de mayo, la Fiscalía capturó y le imputó el delito de homicidio agravado al patrullero Luis Ángel Piedrahita Hernández, pues el 28 de abril en Cali accionó su arma y le disparó a Marcelo Agredo en la espalda, causándole la muerte. Este joven de 17 años huyó luego de haberle pegado una patada al agente que iba en moto. La Fiscalía dijo que Piedrahita no actuó en legítima defensa, ni en ejercicio de sus funciones.

A oídos sordos, gritos internacionales 

Según el abogado Giraldo, existen multiplicidad de derechos humanos que se vulneran en Colombia y en países en vía de desarrollo. El de la salud, educación, vivienda o los que especialistas denominan como DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales), son los más violentados. “Es una situación sistemática, estructural y es muy preocupante por donde se quiera mirar. Derechos humanos, todos: económicos, fundamentales y sobretodo el derecho a la vida como uno de los más afectados las últimas semanas”. 

La manifestación pública y pacífica es un derecho fundamental (Art. 37 C.P.) respaldado por la Constitución Política de Colombia. Por ningún motivo, los manifestantes pueden ser estigmatizados, violentados o padecer abuso policial durante el ejercicio de este derecho. Las protestas sociales, marchas y manifestaciones se deben ejercer de manera pacífica y sin armas, de forma individual o colectiva, de manera que cualquier persona y/o colectivo tendrá derecho a manifestarse públicamente y de forma pacífica mientras se esté desarmado y sin violentar la vida de ninguna persona. De igual forma, no se puede impedir el ejercicio de este derecho ni tampoco puede obligar a nadie a protestar.

En el país existen varios organismos que velan por los derechos humanos: los jueces, las cortes, las ONG y los organismos defensores de los DD. HH. Por otro lado, en el mundo existen los postulados del pacto de San José en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que Colombia asume en su Constitución Política. “El asunto es que hay mucho trecho en el decir y en el hacer. Muchas herramientas para protegerlos, pero no hay una voluntad para hacerlos valer desde lo jurídico, real y práctico. Esa es la dificultad, pues los organismos existen. El problema aquí no es jurídico sino político”, afirma Giraldo. 

Según los balances generales que se presentaron en las principales ciudades del país durante diez días de movilización, ni en Medellín ni en Bogotá se perdieron o hirieron vidas con armas de fuego; mientras que en Cali, se estaba viviendo una de las situaciones de inseguridad pública más preocupantes. Según datos oficiales iban siete muertos por disparos policiales. En Bogotá, la alcaldesa conformó 22 equipos de verificación de derechos humanos en las calles, instauró una mesa de seguimiento a los casos de abuso policial y ofreció acompañamiento a las víctimas para que pudieran denunciar agresiones y abusos. 

El martes 4 de mayo, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la actuación de las fuerzas del orden en Cali, que terminó con varios muertos y heridos. La organización insiste en que toda acción de la fuerza pública debe conservar plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos.

Centenares de colombianos conectados a internet enviaron el mensaje “S.O.S Colombia” en la transmisión en vivo de Youtube que estaban realizando los organismos de derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas el miércoles 3 de mayo. “Estamos en el caleidoscopio constante del concierto de naciones a nivel internacional. Es muy importante que se realicen este tipo de llamados, sobre todo en una época donde el papel que cumplen los medios de comunicación y las redes sociales es sumamente importante. Esto antes era más dramático”, explica Giraldo, quien compara esta situación con la época de las dictaduras de los años 60 y 70 con Augusto Pinochet en Chile o Rafael Videla en Argentina. “Ahora un celular puede salvar una vida, así de sencillo”, concluye.

Desde el 28 de Abril del 2020, Colombia se une para manifestar su inconformidad con el gobierno actual. Un gobierno injusto, que por años ha atado a su pueblo, desmejorando cada vez su calidad de vida y censurando la verdad. “Si hay plata para la guerra pero no para el pueblo”, comentan algunos ciudadanos frente a la Reforma Tributaria, la cual fue el punto de partida para dichas manifestaciones. El pueblo ha despertado, quitándose las vendas de los ojos y arrancándose las ataduras, reclamando el bienestar social y justicia para todos sus ciudadanos.

Periodistas: Laura Aguilar, Laura Diaz, María José Rubio, Mariana Zapata

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