La odisea del sistema de salud colombiano

El sistema de salud es uno de los principales órganos para el bienestar y el cuidado de todos los colombianos, como para cada individuo es el corazón. Hace 28 años, la Ley 100 de 1993 hizo una modificación en su funcionamiento con la intención de que todos los ciudadanos del país tuvieran acceso a un plan de salud, asistencia médica, tratamientos, medicamentos y procedimientos quirúrgicos sin importar su origen socioeconómico o capacidad de pago.

Con la Ley 100, el sistema de salud pasó de solo ser subsidiado por el Estado, a recaudar los aportes de los ciudadanos, es decir, a ser financiado por la contribución de empleados, empleadores y presupuesto nacional. Así se construyeron dos regímenes: el contributivo, que es para quienes tienen capacidad de pago, y el subsidiado, para las personas menos favorecidas, sin una fuente de ingresos fija. 

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El sistema tiene a su cargo 50.027.017 personas, quienes una vez dentro, se vinculan a cualquiera de las 37 Entidades Promotoras de Salud (EPS) que hay en el país.  El presupuesto para este año es de $36.05 billones, y se considera al sistema colombiano  como uno de los más solidarios en el financiamiento de todo el mundo, según la Academia Nacional de Medicina. 

Aunque la Ley 100 indicó que para el año 2000 los dos regímenes deberían estar en igualdad de condiciones para toda la población, la sentencia  T-760 del 2008 demostró que aún no se había llegado a una cobertura completa, y el régimen subsidiado aún tenía falencias en los servicios que debía incluir. Según MinSalud, al 31 de Marzo del 2021, el régimen subsidiado tiene 23.971.284 y el contributivo 23.727.202. 

Por ejemplo en la Ley 100 de 1993 y en los artículos 48 y 49 de la Constitución aclara que “prevé la creación de las condiciones para que tanto los afiliados al régimen subsidiado de salud como los afiliados al régimen contributivo de salud puedan acceder a un plan obligatorio de salud, el cual permitirá la protección integral de las familias a la maternidad”. 

Sin embargo la asesora del Ministerio de Salud, Mery Barragán indica “desde el régimen subsidiado, desde el punto de vista de salud, ellas tienen derecho a la atención del parto y el puerperio, pero nunca en la Ley 100 decía que les consideramos licencia de maternidad, estamos subsidiando los servicios de salud, el régimen contributivo no solo tiene el servicio de salud sino que también tiene la licencia de maternidad de los  meses que dicta la ley”. 

La reforma proponía la organización del sistema de salud por regiones, para que se ajustará dependiendo de las distintas condiciones, necesidades y problemas de salud de los colombianos.
Crédito: Sara Quintero

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El bucle de la falta de recursos

Según el abogado especialista en derecho laboral, Juan David Morales, los problemas más frecuentes que tienen los centros de salud, tanto públicos como privados, es que dependen del municipio o el departamento, el presupuesto asignado y las deudas de las EPS.  

Todo empieza con el pago anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que hace el Gobierno nacional por cada persona que pertenece al sistema de salud colombiano. Este año el UPC está en $938.826 por cada afiliado del régimen contributivo y por $872.496 del subsidiado. Entonces, es la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud y Protección Social Colombiano (Adres), la encargada de manejar los recursos del UPC y girar a las EPS el dinero correspondiente por cada afiliado. Y posteriormente cada EPS se encarga de pagar por los servicios que se le prestan a sus afiliados en los hospitales, clínicas, centros médicos, etc.

Según Mery Barragán, asesora del ministro de Salud y Protección Social, en este proyecto de Ley se hicieron ocho audiencias atendiendo a diferentes sectores y se trabajó con aseguradores, prestadores, asociaciones de usuarios, sindicatos y gremios.
Crédito: Sara Quintero

De ahí vienen las deudas de las EPS, que no son un tema nuevo, incluso esta situación se agravó en la crisis social del 2009, cuando se necesitaban entre 800.000 millones de pesos y un billón para solventar la emergencia en salud. El Gobierno de ese entonces declaró el estado de emergencia social “con el propósito de conjurar la grave crisis que afecta la viabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que amenaza con la parálisis en la prestación de los servicios de salud y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud de todos los habitantes del territorio nacional” agregó el decreto del 23 de diciembre del 2009

Una noticia de ese mismo año de Caracol Radio demuestra la preocupación por el cierre de nueve de las quince EPS en medio del estado de emergencia. 

La situación se radicalizó cuando el régimen Subsidiado le manifestó al gobierno que tendría que suspender la prestación de sus servicios por el incremento de estos, las deudas que los tenía al borde de la quiebra y los medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

En ese momento se contemplaron diferentes puntos para darle estabilidad financiera a los dos regímenes, en especial al subsidiado que estaba al límite. Para eso se dispuso el dinero de la liquidación de EPS, el incremento de impuestos hacia juegos de azar y licoreras, y así recaudar 800.000 millones de pesos.

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Finalmente en el 2011 se creó la Ley 1438-2011, que recogía las posibles soluciones como la Atención Primaria, un aseguramiento masivo, la creación de organismos como el Observatorio Nacional de Salud y marcó cómo sería a partir de ahí el Sistema de Salud. Sin embargo, algunos expertos comentan que este proyecto no generó ningún cambio ya que seguían las mismas dificultades.

Después de esto, en el 2012-2013 los gremios de la salud solicitaron establecer una ley estatutaria para garantizar el derecho a la salud como fundamental. Su discusión terminó en el año 2014 cuando el Congreso la aprobó, pero el Gobierno se negó a firmar y escaló hasta la Corte Constitucional, donde se reglamentó y pasó de ser la sentencia 313 de 2014 a llamarse Ley Estatutaria 1751 de 2015. 

La reforma planteaba que el personal que preste servicios de salud y trabajara en una empresa pública o privada se vinculara a través de las modalidades legales(contrato directo) establecidas en las normas vigentes.
Crédito: Sara Quintero

En el 2020 la pandemia del coronavirus empeoró la situación de los hospitales públicos de Caldas, los cuales manifestaron estar en crisis. Para ese momento las deudas ascendían a 194 mil millones de pesos, según la Dirección Territorial de Salud. La demora en el pago también hace que los hospitales deban tomar medidas en la contratación del personal de salud y realicen contratos por prestación de servicios, que ahora se le llama contrato realidad y es ilegal, según la Sentencia T-903/10

Finalmente se demuestra que el sistema de salud colombiano tiene factores positivos y negativos, que como mencionamos al principio del texto, es uno de los más solidarios del mundo. Según David Bardey en el blog de economía de La Silla Vacía permite el acceso a tratamientos de alto costo con un copago mínimo realizado por el usuario, sin embargo,  hay otro pliegue y son las largas esperas para una cita médica y los obstáculos que ponen las EPS. Aún así, Bardey concluye que la solución en mejorar el servicio de salud no es revocando la Ley 100 ya que se perdería un buen avance de los últimos años. 

Periodistas: Dalila Orrego Zuluaga, Ana Maria Villegas Vargas, Mariana López Holguín, Sara Quintero Cárdenas y Maria José Rincón Ramirez  

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