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Servicio militar obligatorio: derecho a la objeción de conciencia

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En Colombia, el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos de 18 a 24 años. Constitucionalmente, hay 16 causales de exención para prestarlo, entre las que se incluye la objeción de conciencia, una herramienta que es un derecho fundamental.

“Si estos días en casa te has preguntado ‘¿Qué voy a hacer cuando cumpla los 18?’, recuerda que prestar el servicio militar es solo una opción; si tu proyecto de vida no tiene nada que ver con las armas y la guerra, inicia hoy mismo tu proceso como objetor de conciencia. Nosotros te asesoramos”. De esta manera se presenta la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) con una imagen en su cuenta de Twitter, acompañada del hashtag #ParaLaGuerraNada. Representan una alternativa para quienes no están bien informados sobre la definición de su situación militar y se ven alejados de la vida marcial.

En Colombia, el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos hombres de 18 a 24 años. Este puede efectuarse en la Policía, la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército o el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario). Los requisitos para aplicar a cada institución pueden variar y se encuentran en la página oficial de cada sector de la fuerza pública. 

Constitucionalmente, hay 16 causales de exención para prestarlo, entre las que se incluye la objeción de conciencia, una herramienta que es un derecho fundamental.

Artículo 12 de la Ley 1861 de 2017. Causales de exoneración del servicio militar obligatorio. Están exonerados de prestar el servicio militar obligatorio, cuando hayan alcanzado la mayoría de edad, en los siguientes casos:

a)El hijo único, hombre o mujer.
b)El huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento.
c)El hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando estos carezcan de renta, pensión o medios de sub­sistencia, siempre que dicho hijo vele por ellos.
d)El hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inha­bilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la prestación del servicio militar obligatorio, a menos que, siendo apto, voluntaria­mente quiera prestarlo.
e)Los hijos de oficiales, suboficiales, soldados e infantes de Ma­rina profesionales, agentes, nivel ejecutivo y de la Fuerza Pú­blica que hayan fallecido, o que los organismos y autoridades médico-laborales militar o de policía hayan declarado su invali­dez, en combate o en actos del servicio y por causas inherentes al mismo, a menos que, siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo.
f)Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordata­rios vigentes. Asimismo, los similares jerárquicos de otras reli­giones o iglesias dedicados permanentemente a su culto.
g)Los casados que hagan vida conyugal.
h)Quienes acrediten la existencia de unión marital de hecho legal­mente declarada.
i)Las personas en situación de discapacidad física, psíquica, o sensorial permanente.
j)Los indígenas que acrediten su integridad cultural, social y eco­nómica a través de certificación expedida por el Ministerio del Interior.
k)Los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil.
l)Las víctimas del conflicto armado que se encuentren inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).
m)Los ciudadanos incluidos en el programa de protección a vícti­mas y testigos de la Fiscalía General de la Nación.
n)Los ciudadanos objetores de conciencia.
o)Los ciudadanos desmovilizados, previa acreditación de la Agen­cia Colombiana para la Reintegración.
p)El padre de familia.

Las instituciones escolares, por la Ley 1861 de 2017, están obligadas a informar a los estudiantes del último año de educación media sobre el servicio militar obligatorio y, en conjunto con los ministerios de Defensa y de Educación, darles a conocer las razones por las que pueden ser exonerados de las actividades castrenses. Esto incluye su derecho a objetar y defender su libertad de conciencia, consagrada en el artículo 18 de la Constitución Política. 

Entre agosto de 2017 y octubre de 2018, solo 324 colombianos hicieron uso de la objeción de conciencia, a pesar de ser un derecho fundamental consagrado en la Constitución, según El Espectador.

Los que terminen el bachillerato mientras son menores de edad y quienes, al momento de cumplir 18 años, estén inscritos para cursar estudios profesionales en semestres anteriores al cuarto pueden expedir la tarjeta militar provisional, que representa el aplazamiento de la definición de su estado legal. La duración de esta, para los del primer caso, es hasta que cumplan la mayoría de edad. En el segundo, tiene vigencia por dos años, tras los cuales la persona debe atender nuevamente al distrito correspondiente y, en caso de continuar con su educación superior, puede acceder a su libreta militar gracias al pago de la cuota de compensación militar, que deben pagar quienes no ingresen a filas. El valor corresponde al patrimonio y los ingresos del individuo, fiel a los lineamientos establecidos por el artículo 27 de la Ley 1861 de 2017.

A pesar de las medidas para esclarecer el proceso, una parte de la población no comprende totalmente los pasos: 688.000 colombianos son remisos, lo que significa que no se presentaron para definir su situación militar, no pagaron la cuota de compensación y ya cumplieron los 24 años; según indica el coronel Henry Cancelado Zapata, director de reclutamiento de la Decimotercera Brigada del Ejército Nacional en Bogotá.

Los remisos pueden obtener amnistía temporal en sus deudas por no haberse presentado y obtener su libreta, acogidos por la Ley 1961 de 2019, sancionada en junio del mismo año y que tiene vigencia por 18 meses. Para esto, en cualquier momento pueden presentarse a cualquier brigada del país y pagar el 15 % del salario mínimo actual para ser amnistiados. Hasta septiembre de 2020, solo 7.000 remisos han sido beneficiados por esta legislación, como explica el comandante de Reclutamiento y Control de Reservas, Jaime Leguizamón Rivas.

Es importante recordar que la libreta militar ya no es un requisito para obtener un pregrado. Así mismo, a los que ingresen a un empleo no se les puede exigir esta documentación, pero sí deben pagarla dentro de los siguientes 18 meses.

De lo escrito a la práctica

Juan Felipe Franco Cárdenas, de 20 años, ha sido citado tres veces al Batallón Ayacucho de Manizales tras toparse con militares por la ciudad, pero no ha recibido una respuesta o atención de acuerdo a sus requerimientos. “Siempre es lo mismo. Me paran, piden los datos, dicen que los ingrese a la página y vaya al Batallón al otro día. La página nunca carga, pero de todas maneras voy hasta el Distrito. En todas las ocasiones he perdido la ida. Dicen que ese día no hay citaciones, parece que no se entienden ellos mismos”. 

Luego de las numerosas visitas a la institución, a Juan Felipe no le informaron las razones por las que podría estar exento de enfilarse en el Ejército. Además no conocía el derecho a la objeción de conciencia.

Ejemplos como éste llevaron a la Defensoría del Pueblo, mediante un informe en 2014, a pedir mayor celeridad a las Fuerzas Militares en los trámites, ya que, en algunos casos, estos han tomado años.

Distinta fue la marcha al respecto de David Molina López, de 21 años, que concluyó sus diligencias en 2018, cuatro años después de inscribirse en la página oficial. Recibió su libreta militar luego del vencimiento de su tarjeta provisional y de demostrar que continúa con sus estudios universitarios. A David se le informó, desde que estaba en el colegio, qué conducto debía seguir. Sin embargo, la objeción de conciencia la conoció por interesarse en el tema e informarse de manera autónoma. No se la presentaron ni explicaron representantes de los entes estatales encargados.

Como se aprecia en ambos testimonios, el factor común son los años que toma la gestión y la falta de divulgación o de acceso a toda la información. Además, la inversión de tiempo en el procedimiento no garantiza una respuesta o solución, como en el caso de Juan Felipe.

Especificaciones de la objeción de conciencia

El artículo 18 de la Constitución de Colombia establece: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”, de este apartado se deriva la objeción de conciencia como derecho fundamental. Está utilizada para objetar al servicio militar obligatorio, ya que proviene de la sentencia de la Corte Constitucional SU (revisión de varias tutelas) 108-16, y el asunto que trata es la Procedencia de la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar obligatorio como derecho fundamental de aplicación inmediata.

En 2014, un informe de la Defensoría del Pueblo pidió mayor celeridad a las Fuerzas Militares en los procesos de definición de la situación militar; ya que, en algunos casos, los trámites han tomado años. El tiempo invertido no garantiza respuestas o soluciones, como en el caso de Juan Felipe Franco Cárdenas.

Para utilizar este recurso es necesario redactar un documento que incluya los datos personales (nombre completo, documento de identidad y dirección o correo para recibir notificación) y de su abogado, en caso de tenerlo, que argumente los motivos religiosos, morales, éticos, humanitarios, políticos o filosóficos; entre otros. Tras presentar oficialmente el escrito en cualquiera de los distritos del país, se debe asistir a una entrevista con la Comisión Interdisciplinaria del Ejército, que valora los argumentos esbozados y debe responder en un término de 15 días hábiles. Por ese motivo, es importante comprobar que los principios exhibidos sean fijos, profundos y sinceros. Para seguir este camino, se puede recibir acompañamiento de entidades religiosas, filosóficas y defensoras de derechos humanos. 

La Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, que brinda asesorías gratuitas al respecto a través de redes sociales, aclara que esta figura constitucional se puede presentar en cualquier momento, incluso si alguien ya está enlistado; e indica qué quiere decir que un principio sea fijo, profundo y sincero:

  • Fijos: argumentos que han perdurado a lo largo de la vida y no nacieron de la noche a la mañana. Es muy importante hablar sobre las experiencias propias que den cuenta de cómo esos motivos para objetar se han visto reflejados desde hace tiempo.
  • Profundos: son razones importantes que demuestran que el servicio militar puede afectar la vida del sujeto de manera significativa. Lo suficiente para que se considere que no debería prestar el servicio.
  • Sinceros: los motivos señalados para objetar deben ser propios. Por esto es fundamental no citar lo que dicen autores u otras personas. Las razones de la objeción deben estar centradas en la forma de pensar personal, no en lo que dicen los demás.

Para el abogado Manuel Barón Blanquicet, hay un vacío normativo en la composición de la Comisión Interdisciplinaria de Objeción de Conciencia, pues está integrada por personal del batallón y el Ministerio Público. “A mí me llama la fuerza pública y ella misma es la que resuelve. Debería haber otros entes como la Defensoría o uno internacional para que sea transparente. Es difícil creer que hay imparcialidad. Lo bueno es que, en caso de ser denegada la objeción, está el recurso de reposición, resuelto por el distrito. Tras esto, se puede recurrir al subsidio de apelación como segunda instancia, lo que traslada el caso a la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia”.

Un año después de la firma del acuerdo de paz de 2016, el 36,2 % de los uniformados de los 237.876 soldados en el país eran bachilleres, como indica un boletín de la Contraloría en 2018.
¿Cuántos de ellos conocían y entendían la objeción de conciencia antes de cambiar su hogar por el distrito militar?

Entre agosto de 2017 y octubre de 2018, solo 324 colombianos hicieron uso de la objeción de conciencia, según El Espectador. De acuerdo al mismo medio, todas las solicitudes fueron concedidas. Esta cifra evidencia el desconocimiento de la norma y  la falta de comprensión de los jóvenes con respecto a la misma. 

Debido a la falta de intervención gubernamental en estos temas, aparecen organizaciones como Justapaz, la Articulación Antimilitarista, La Tulpa y la ACOOC; que acompañan y asesoran en esta tarea, con el fin de preservar los derechos fundamentales de todos los hombres y mujeres que se ven alejados de los ideales marciales.