El limbo del Decreto 1844

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“Yo estaba en la puerta de mi casa fumándome el cigarrillo diario y llegaron unos policías, me requisaron y me quitaron la marihuana”, esto es lo que comenta Juan Diego*, un paciente diagnosticado con VIH desde hace 4 años y que comenzó a consumir marihuana hace 3 años y medio. El cannabis le sirve para aliviar los efectos secundarios del tratamiento antirretroviral al y para mantener estable su carga viral y su recuento de células CD4 (linfocitos que defienden el cuerpo de infecciones).

Y aunque Según la médica general de la Universidad de Manizales con énfasis  en cannabis medicinal, Nataly Bolaños Terán, el uso medicinal y científico de la marihuana y sus derivados está regulado por el Congreso de la República desde el 2016 bajo la ley 1787, a Juan Diego*le quitaron su dosis.

En el caso de pacientes como Juan Diego*, Bolaños asegura que “se puede realizar un importante tratamiento para la regulación de su sistema inmunológico, y control de síntomas asociados de dolor, insomnio, depresión, nauseas, vómito, desnutrición; etc.”. Desde que empezó a consumirla su recuento de cédulas CD4 aumentó mientras que el virus se controló, además las náuseas y el insomnio generado por el tratamiento se desvanecieron, afirmo Bolaños.

Juan David Jurado Ocampo, abogado, explica que el Decreto 1844 firmado por la Presidencia de la República es el encargado de reglamentar la parte en la que el Código de Policía se refiere al porte y consumo de sustancias psicoactivas. Se pretende “generar unas sanciones disciplinarias a ciudadanos que porten sustancias como marihuana o cocaína, así estén por debajo de lo legalmente permitido como dosis mínima”.  

Entonces, si el uso medicinal y científico de la marihuana es legal en Colombia ¿por qué a Juan Diego* la policía le quitó su marihuana? La respuesta es que aunque él asegura consumir marihuana con fines medicinales en el momento que lo requisaron no pudo demostrarlo, ya que como el mismo dice “yo me imagino que las citas con esos médicos especialistas deben ser caras y a uno con el Sisbén demás que no le recetan el cannabis”.

Jurado Ocampo manifiesta que el decreto 1844 les otorga a las autoridades las facultades para decomisar y destruir las sustancias alucinógenas a los ciudadanos que no puedan demostrar su uso medicinal o una adicción por parte de un profesional o acudiente.

Aunque las autoridades pueden incautar y destruir los estupefacientes esto no implica que aquellos ciudadanos que sean sorprendidos portando o consumiendo sustancias psicoactivas en espacios públicos reciban una sanción penal, ya que según la sentencia del fallecido magistrado Carlos Gaviria no existe responsabilidad penal para el porte de la dosis mínima pero tampoco se dice explícitamente que esté permitido su porte.

En la Sentencia C-491 del 28 de junio de 2012 los magistrado de la Corte Constitucional señalan que “la prohibición que introdujo el Acto Legislativo 02 de 2009 en el artículo 49 de la Constitución en cuanto al porte y consumo de sustancia estupefaciente o sicotrópica no conduce a la criminalización de la dosis personal, como quiera que no comporta una finalidad represiva frente a quien tenga la condición de adicto”.

“Yo no estoy de acuerdo con las drogas y que yo fume marihuana no quiere decir que yo sea adicto, pero si uno la utiliza por un bien para uno porque tienen que quitármela. Esto lo que va a hacer es que antes se venda más y más cara, esto beneficia es a los jíbaros”, señala Juan Diego*.

Respecto a si estas simples incautaciones son efectivas o no en la lucha contra el narcotráfico Jurado Ocampo opina que “no hay ningún resultado ni a corto ni a mediano ni a largo plazo para poder reducir el microtráfico”. Lo que se genera con este tipo de limitaciones es que las personas busquen otros focos delincuenciales, por ejemplo, si consumir la dosis mínima está prohibido en espacios públicos, buscarán la forma de ir a comprar los alucinógenos, llevarlos hasta sus casas y consumirlos o incluso producirlos ellos mismos.  Además Juan David coincide con Juan Diego* al sostener que los beneficiados serán los productores.

Este Decreto inicialmente no choca con lo establecido por la Corte Constitucional, pero si con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en lo que se refiere a las llamadas “dosis de aprovisionamiento”, es decir, cantidades superiores al mínimo permitido pero cuyos portadores no han podido ser judicializados debido a las consideraciones de los magistrados acerca de que esas dosis son para satisfacer al consumidor durante un tiempo.

La firma del Decreto tiene implicaciones legales como la contradicción que puede existir entre la ley, el Decreto y los mandatos jurisprudenciales de la Corte Constitucional. El abogado Jurado Ocampo explica que “viene en que si hay una libertad por qué un decreto viene a limitar esa libertad y a decirnos: usted puede consumir pero no puede portar, entonces cómo hace el ciudadano para consumir sin portar”.

 

 

Bolaños Terán afirma que está a favor de que se regulen muchas normas en el Estado pero no de esa manera, y enumera sus puntos de vista de la siguiente forma:

  1. Antes de regular y prohibir se necesita educar a la población en general.
  2. ¿Qué va a pasar con los consumidores o personas que son dependientes a esta sustancia?, en dónde queda esta población, en los últimos 30 días se ha demostrado medicamente que han aumentado la cifras de síndrome de abstinencia, crisis depresivas y aumento desenfrenado de consumo secundario a la restricción tan drástica de su dosis personal.
  3. Un aumento en el microtráfico.

 

El abogado Juan David Jurado Ocampo concluye con que su propuesta para que la lucha contra el tráfico de sustancias alucinógenas sea efectiva no es la creación de más normas dirigidas únicamente al consumidor sino la creación de medidas y normas más severas para los productores y comercializadores, y tener mucho más cuidado con las personas que son el último eslabón de la cadena. “En este sentido tendría que haber mucha más protección para quienes consumen de forma recreativa o por prescripción médica o porque son adictos”, y termina diciendo que este tipo de normas  administrativas podrían enredar mucho más de lo que ya está el proceso de paz con las Farc, ya que muchos de los excombatientes son consumidores y una eventual sanción por porte o consumo de alucinógenos podría dejarlos excluidos de los beneficios pactados en La Habana.

Por el momento Juan Diego* afirma que buscará la forma de conseguir una cita con un médico especializado en el uso de marihuana medicinal para poder certificar el consumo de cannabis como parte de su tratamiento.

*El nombre de la fuente se cambió con el fin de proteger su derecho a la intimidad y la privacidad*

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