Juicio militar ¿Un juez vestido de militar?, o, ¿un militar vestido de juez?

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Esta vez, el juez entra a la sala de audiencias con una toga color camuflado. ¿Camuflado? Sí, esta “toga” investida de poder está colmada de parches verdes; en la parte superior, en donde se encuentran los hombros, contiene presillas bordadas, con las insignias del grado y el arma o cuerpo de servicio; en hilo negro, más abajo, adherida con velcro a la manga derecha, se ve la bandera de identificación; un parche color verde informa el grupo sanguíneo de quien lleva el uniforme y en el mismo costado del pecho del juez-guerrero se halla un bolsillo con la identificación personal; al lado contrario, a la altura de donde está el corazón, es apreciable el parche de fuerza; y en las extremidades inferiores, el militar-juez, lleva unos pantalones camuflados, con unas botas negras ajustadas, que suben hasta la pantorrilla.

¿Un juez vestido de militar?, o, ¿un militar vestido de juez? En la Constitución de 1991, en el artículo 221, se consagró que los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, es decir, las fuerzas militares y la Policía Nacional, en servicio activo, los conocerán las cortes marciales o tribunales militares, conformados por otros miembros de la fuerza pública.

Lo que quiere decir que los militares se presentan ante un juez diferente al ordinario, fundamentado en el fin que tienen las fuerzas militares, el cual es garantizar la defensa y protección de la soberanía del Estado y la Nación. Como consecuencia de ello, los soldados están protegidos por una figura que se conoce como “fuero militar”, que les asegura que, en caso de cometer algún delito, este va a ser conocido por un juez penal militar, quien es su juez natural.

Algo de historia

La potestad para juzgar a los militares no es una jurisdicción que se creó hace poco, por el contrario, es antigua. Roma, en sus disposiciones legales, ya la mencionaba, con el fin de regular el funcionamiento de la milicia. Es así, que se puede decir que en Colombia, la justicia penal militar ha existido desde que era apenas una colonia, gracias al derecho español y a la regulación de “los juzgados militares de España y sus Indias”. Que luego, tras haber logrado la independencia, cobró vida para la República de la Nueva Granada, bajo el mandato de Francisco de Paula Santander, como bien lo afirmó Álvaro Valencia Tovar en su texto Una tradición histórica de la jurisprudencia colombiana.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-928 de 2007, explica: “La finalidad esencial del fuero militar es que, dentro de los marcos de la Constitución, los miembros de la fuerza pública estén cubiertos en sus actividades de servicio, por un régimen jurídico penal especial, tanto sustantivo como procedimental, que sea acorde con la especificidad de la organización y funcionamiento de la fuerza pública”.

La justicia penal militar, regulada por la Ley 522 de 1999, aun cuando es diferente a la ordinaria, se rige bajo los mismos principios constitucionales de la administración de justicia, tales como la imparcialidad, independencia, dignidad humana, presunción de inocencia, libertad, publicidad, habeas corpus, gratuidad, entre otros.

Esta jurisdicción en Colombia ha tenido como función principal ser un órgano especial para juzgar a los miembros de la fuerza pública. En principio, es un sistema que garantiza que los miembros de las fuerzas militares y de la Ponal (Policía Nacional) tengan garantías procesales, las cuales les permiten ser juzgados con imparcialidad y bajo entendido conocimiento de normas tan importantes como el derecho operacional, el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, afirmó Ólmer Alveiro Muñoz Sánchez, magíster en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana.

foto por elestimulo.com

 

Cuestionamientos

Dicha justicia se encuentra alejada de la ordinaria, no solo por su estructura y naturaleza, sino también, por el órgano al que pertenece, es decir, no hace parte del jurisdiccional, pues pertenece al poder ejecutivo, lo cual ha generado diferentes críticas.

Se debe entender que la jurisdicción penal militar, aun cuando tiene una estructura muy parecida a la que se planteaba en la Ley 600 de 2000, la cual regía para todas las jurisdicciones y que cambió con la Ley 906 de 2004, es una justicia que está creada para procesar a los militares, que no cometen los mismos crímenes que cualquier otro ciudadano. Hay una gran diferencia cuando un soldado comete un homicidio en combate, a cuando un ciudadano común mata a otro; son delitos que tienen un carácter especial por el sujeto y la manera en que se realiza, por eso sus casos deben ser llevados por un juez especial, reveló una fuente castrense.

Se ha cuestionado constantemente la existencia de la misma jurisdicción, en la medida en que la persecución penal y la investigación de los hechos no son una actividad que realice la Fiscalía General de la Nación, entidad que, en el proceso penal ordinario, es la encargada de acusar e investigar; por el contrario, la justicia militar tiene la competencia para adelantar investigaciones o formular acusaciones sobre los mismos miembros de la fuerza pública. Lo cual resulta una situación incómoda, pues es el mismo organismo quien tiene las funciones de investigar, acusar y juzgar a sus integrantes. Se le critica, entonces, que se puede generar poca objetividad e, incluso, impunidad.

El proceso penal militar se compone de tres etapas importantes: la etapa de investigación, a cargo del juez de instrucción militar, quien tiene la competencia para investigar todos los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, la cual empieza con una denuncia, querella o de manera oficiosa; le sigue la etapa de calificación del proceso, que se adelanta ante el fiscal militar, por medio de la cual se determina el delito que se ha cometido y se le dice al procesado cuáles son sus cargos, momento en el cual la persona adquiere la condición de sujeto procesal; finalmente, sigue la etapa de juicio, que se desarrolla ante el juez de conocimiento, a través del procedimiento de la Corte Marcial, en la que se escucha a cada una de las partes y, a los ocho días siguientes, se dicta sentencia, la cual, por regla general, tiene recurso de apelación.

Es un claro ejemplo de un sistema inquisitivo, pues sus actuaciones deben adelantarse de manera secreta y como se dijo anteriormente, es un proceso en que el órgano encargado de acusar es un fiscal penal militar y no existe un juez de control de garantías, en las dos primeras etapas.

“La justicia penal militar se ha convertido en una justicia bagatela, en donde se juzga en pocas ocasiones; la mayoría de los casos son llevados a la jurisdicción ordinaria y, en la realidad, no crean cosa juzgada, porque las sentencias que se dictan en la jurisdicción militar, son objeto de revisión por la justicia ordinaria, lo que evidencia que no conserva su carácter de independencia”, explicó un experto, que pidió la reserva de su identidad.

Ilustración de Nicolás Fernández

Asimismo, “cuenta con una gran desventaja y es que se ha considerado un sistema netamente inquisitivo, sin ningún tipo de capacidad real para juzgar y clarificar hechos considerados como delitos. Como también puede terminar convirtiéndose una justicia de la ‘impunidad’, por los actos de los miembros de la fuerza pública, que hayan cometido excesos en materia de derechos humanos o del Derecho Internacional”, aseveró Ólmer Alveiro Muñoz Sánchez.

Por otro lado, la estructura de la jurisdicción penal militar está conformada por los juzgados de primera instancia para: la Policía Nacional, Fuerza Aérea, Armada Nacional y Ejército Nacional, los cuales se encargan de conocer los casos, en un primer momento, en cada una de las divisiones.

A dichos juzgados les sigue, jerárquicamente: el Tribunal Superior Militar, el cual está conformado por el comandante general de las fuerzas militares, el vicepresidente y los magistrados de las salas de decisión, quienes se encargan de conocer, en primera instancia, los procesos penales militares que se adelanten contra los jueces de conocimiento, los fiscales ante los juzgados de primera instancia, auditores de guerra y jueces de Instrucción Penal Militar, que sean miembros de la fuerza pública en servicio activo, procesados por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Este Tribunal también conoce de la acción de revisión que se interponga contra las decisiones proferidas en los juzgados de primera instancia.

Como órgano de cierre, se encuentra la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal, que conoce del recurso extraordinario de casación de la acción de revisión, cuando se trate de sentencias de segunda instancia proferidas por el Tribunal Superior Militar. En la primera instancia se encargan de los procesos penales que se adelanten contra los generales, almirantes, mayores generales, vicealmirantes, brigadieres generales, contralmirantes, magistrados del Tribunal Superior Militar y fiscales ante esta Corporación, por los hechos punibles que se les imputen. Y en segunda instancia, de los procesos que falle, en primera, el Tribunal Superior Militar.

 Conflicto

Colombia ha tenido un conflicto interno especial de condiciones, que no tiene ningún otro en el mundo y que, incluso, ha forzado a que las fuerzas militares entren a las zonas urbanas, debido a los altos índices de violencia que se han presentado a través de la historia, razón por la cual, la Jurisdicción Penal Militar se ha convertido en una justicia mucho más relevante y ha ocasionado que la Policía Nacional tenga una organización muy parecida a las fuerzas militares, aun cuando su finalidad es totalmente diferente a la del Ejército, Fuerza Armada y Fuerza Aérea, pues la primera busca la defensa de la soberanía y la segunda pretende mantener el orden público.

Hay diferentes posiciones contundentes frente al tema, sin embargo, es claro que es una jurisdicción que se ha defendido a través del tiempo y que resulta necesaria, especialmente, en un contexto como el colombiano. Es por esa misma razón que, desde marzo del 2012, el Gobierno nacional presentó al Congreso un proyecto de acto legislativo, para reformar los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Nacional.

Por esta vía se ha propuesto reformar la justicia penal militar, que pretende ofrecer un marco jurídico más claro para la investigación y juzgamiento de los miembros de la fuerza pública, en el desarrollo de su servicio, no obstante, se está a la espera de su aprobación.

Para un país en posconflicto, una justicia penal militar debe permitir que haya claridad en los hechos que sean materia de investigación, al interior de las instituciones militares. Esto es, que cualquier conducta no solo tenga una consecuencia administrativa, sino también, penal y que, además, deba ser investigada a fondo con claridad. En los últimos veinte años en Colombia, el sistema penal militar solo ha sido una herramienta para la impunidad y lo que se espera fundamentalmente, es que sea una garantía para la reparación de algún daño y para aceptar la responsabilidad en hechos relacionados directamente con el conflicto armado.

 

*Foto de portada tomada de viva.org.co

 

 

 

 

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