Expertos analizan la pregunta uno y dos de la Consulta Anticorrupción

UMCentral Unidiario

El próximo 26 de agosto un poco más de 36.000.000 de colombianos podrán acudir a las urnas para aprobar o no la Consulta Anticorrupción. Serán 7 preguntas pero las dos primeras tienen que ver con reducir salarios a altos funcionarios y enviar a la cárcel a los corruptos.

La pregunta uno de la consulta popular habla sobre reducir el salario de los altos funcionarios de 40 a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), lo que equivale pasar de $31.249.689 a $19.535.050. Los funcionarios que verían afectado su sueldo serían: presidente, congresistas, magistrados de las altas cortes, fiscal general, vice fiscal, procurador general, contralor, defensor del pueblo y registrador.

La politóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Manizales, Carolina Sánchez Botello considera que esta pregunta puede llegar a ser populista porque aunque puede agradar a la comunidad en general no es una medida que vaya en contra de la corrupción.

Por su parte, el abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la Universidad de Manizales, Rodrigo Giraldo Quintero, dice:En comparación, los congresistas del país tienen salarios que son 4 o 5 veces más que en otras partes del mundo”.

Segunda pregunta

Aprueba usted que las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deban cumplir la totalidad de las penas en la cárcel, sin posibilidades de reclusión especial, dice la primera parte de la pregunta y continúa con que el Estado pueda dar por terminados los contratos unilateralmente y que estos (personas naturales y jurídicas) no puedan demandar al Estado ni contratar de nuevo con este.

Sobre la segunda pregunta Giraldo Quintero afirma: Lo que hace es tipificar la corrupción como un carácter normativo y no ético, puesto que quien hace un detrimento patrimonial al Estado o ejerce un peculado va a la cárcel”.

Por su parte, Sánchez Botello explica que volver a confiarle a alguien que ha sido condenado por corrupción procesos del Estado sería una irresponsabilidad, por lo que, para ella, esta medida es lógica.

Finalmente aseguró que cuando alguien es corrupto no solo le roba al Estado sino que está afectando derechos fundamentales de otros  y puso como referentes los temas de salud, alimentación, educación e infraestructura.

Según Giraldo Quintero el paso a seguir en caso de ser aprobada la consulta sería un procedimiento legislativo, donde se pase a hacer la implementación de los siete puntos. Como nuestra democracia es representativa es por eso que tendría que surtir un trámite legislativo”.

Este mecanismo tendrá un costo de $350.000 millones de pesos. La segunda vuelta presidencial  valió $284.721 millones y la del Congreso cerca de $600.000 millones.

 

Lea el UniDiario completo aquí: PDF UniDiario 21-08-2018

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