Con las promesas, llueven las quejas

Emergencia Invernal 2017 Especiales UMCentral

 

Subsidios, mejoras de viviendas, reubicación de familias y mitigación del riesgo fueron los compromisos del Gobierno tras la emergencia invernal de abril 2017. Preparan acción popular contra el Municipio y Corpocaldas.

“La ola invernal del año pasado es el antecedente de 50 años de un círculo en la ciudad al que no se le da solución”, afirma Juan Jairo Muñoz Cuervo, líder popular que encabeza 19 acciones en contra de la Alcaldía de Manizales y la Corporación Autónoma de Caldas (Corpocaldas). El descontento de quienes perdieron total o parcialmente sus hogares, y en algunos casos, a sus familiares, radica en las promesas incumplidas. La intranquilidad por su situación revive en cada aguacero.

Horas después de la tragedia, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, garantizó el acompañamiento de su gabinete. Además, declaró: “Cualquier ayuda adicional que se requiera, estaremos listos a proveerla”.

Realmente, hoy las personas (y el mismo Municipio) no piensan en esas ayudas “adicionales” sino en las que, se supone, llegarían cuanto antes de carteras de los ministerios de Vivienda, Hacienda y Educación, así como de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, entre otras entidades nacionales.

“Todavía hay familias desalojadas, a expensas de que, por lo menos, les mantengan el subsidio”, dice Muñoz. Agrega que dos de los procesos interpuestos son grupales. Precisamente, el 6 de febrero de este año, el Juzgado Octavo Penal Municipal emitió el incidente de desacato a la tutela del 8 de septiembre del 2017, según la cual se ordena a la Alcaldía remitir un informe escrito al subdirector para el manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Luis Fernando Piñera. Esta es la base para que se autorice la continuidad de subsidios de arrendamiento a seis personas y se ampare con el mismo derecho de protección a otras siete.

Necesariamente, apunta Muñoz, estas acciones deben emprenderse entre varios, pues “hay mayores posibilidades de que respondan porque sienten la presión”. Ahora siguen con una acción popular.

Por otro lado, un grupo jurídico de expertos y abogados está representando a cerca de 35 familias para que el Municipio y Corpocaldas las repare por daños y perjuicios. El abogado José Hernando Jiménez ha liderado procesos similares, como el del barrio Cervantes, donde hace seis años un alud de tierra sepultó a 48 personas. Hoy su trabajo es con cinco familias de Aranjuez, donde una parte de la ladera del cerro Sancancio se desprendió y afectó las viviendas (algunas se cayeron, otras quedaron inhabitables o perdieron su valor comercial).

Desde el 2004 hay registro de deslizamientos en el sector “y el Municipio no ha hecho nada”; además, “si había gente viviendo allí es porque se autorizó un asentamiento urbano en una zona que amenazaba una tragedia a futuro”, dice Jiménez y añade que el proceso que viene es largo, pues estos trámites suelen extenderse durante años. Lo mismo opina Jorge Enrique Restrepo, quien asesora a otras 30 familias.

 

 

Lo prometido es deuda

“Hay que comenzar el proceso de reubicación de las viviendas que no pueden permanecer donde estaban, porque son sitios de alto riesgo no mitigable”, señaló el presidente Santos una semana después del suceso. Sin embargo, el comentario general de los habitantes de los barrios afectados es que algunas personas prefirieron volver que esperar por la ayuda de una casa.

En un comienzo, se habló de un apoyo de mil viviendas pero luego el número bajó a 251, basados en los censos a las familias. Solo sería necesario identificar el terreno para girar los recursos. En octubre del 2017, el Concejo de Manizales autorizó al alcalde, Octavio Cardona León, la construcción de las viviendas en un lote del barrio San Sebastián. El pasado martes (10 de abril), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó al Municipio que el Consorcio Manizales resultó elegido para ejecutar el proyecto. El 18 de abril se dará a conocer quién será la firma interventora.

A marzo de este año, la Unidad de Gestión del Riesgo ha atendido a 257 familias con ayudas humanitarias.

Siguiendo el discurso del presidente Santos en ese momento, también está el anuncio de organizar las cuatro escuelas afectadas. Para eso, el Ministerio de Educación aprobó 7.043 millones de pesos. El costo de reparaciones fue de 3.400 millones de pesos; los excedentes debían destinarse a otros proyectos o procesos educativos. Las obras se entregaron en noviembre del 2017.

Frente a la posibilidad de créditos, el Presidente mencionó 60 mil millones de pesos que la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) ofrecería con “tasas atractivas” de 10 años hasta con dos de gracia. Finalmente, se aprobó un crédito de 30 mil millones de pesos para Corpocaldas.

Los dineros de regalías, dijo Santos, serían para invertir en obras de mitigación de riesgo. En un comienzo se habló de 20 mil millones de pesos, pero al Departamento se le aprobaron 13 mil.

En dinero, las ayudas anunciadas sumaban 99.700 millones de pesos. A hoy se siguen recibiendo por partes. En septiembre del 2017, el Alcalde afirmó que los recursos no habían llegado. Esa también es la respuesta que las familias siguen recibiendo. UM Central y Página quisieron comunicarse con él para conocer el balance actual de los apoyos nacionales, pero su administración respondió que solo se pronunciará este 19 de abril, cuando se cumpla un año del suceso.

“Hay que decirlo tajantemente, el Gobierno no ha cumplido”, asegura el concejal César Díaz Zapata; agrega que los esfuerzos por superar la emergencia han sido de la Administración Municipal con traslados presupuestales y recursos de sobretasa ambiental, entre otros.

 

 

“¿Por qué pusieron el gas?”

Hay un común denominador entre las inquietudes que los habitantes de los barrios afectados le hacen a la Alcaldía y a Corpocaldas. No entienden cómo han permitido que algunas familias regresen a sus casas si están ubicadas en zonas de alto riesgo, como es el caso de Sierra Morena, Persia y Aranjuez.

Precisamente, esto es lo que exigirán en la acción popular. “No es posible que se atienda la emergencia en el momento de un desastre, pero luego regresan las familias a las mismas zonas de laderas que, seguramente, podría dejar nuevas víctimas en otra temporadas de lluvias”, afirma Juan Jairo Muñoz Cuervo, líder comunitario.

El objetivo con las medidas legales que emprendieron, según afirmó, es “evitar tragedias”, pues “esas muertes se pudieron haber prevenido con la reubicación”.

Por su parte, Fabio Vallejo Giraldo, habitante del barrio Persia, se pregunta: “Si era de alto riesgo, ¿por qué pusieron gas?”. Él vivió allí los últimos 25 años, nunca aseguró su casa. Hoy paga mensualmente 600 mil pesos de arriendo en el barrio Campoamor.

De acuerdo con el programa de Mejoramiento Integral de Barrios, incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Manizales, cerca de siete mil familias viven en laderas de riesgo no mitigable; es decir, “en cualquier momento sus casas podrían derrumbarse”, dice el concejal César Díaz Zapata.

 

Otros infortunios

Los infortunios por la pasada ola invernal son parte de un ciclo que pareciera reiniciarse cada tanto, y aunque la salida para exigir cumplimientos parecen ser las vías legales, el historial de hechos no son muy esperanzadores en cuanto al tiempo que han durado y sus resoluciones, manifiesta el líder popular Juan Jairo Muñoz Cuervo.

En el barrio San Fernando (enero de 1982) un deslizamiento sepultó 20 casas, mató 22 personas. En San Cayetano (noviembre de 1993) diez personas murieron y seis familias se quedaron sin vivienda. En La Carolita (diciembre de 1993) un derrumbe destrozó 20 casas de interés social, dejó 20 muertos y 40 desaparecidos. En La Sultana (2003) 16 personas murieron y 12 familias quedaron sin hogar por un alud. En Bosconia (2005) una nueva tragedia dejó ocho muertos y cinco heridos. La mala racha siguió con una de las tragedias más recordadas: El 5 de noviembre del 2011, 48 habitantes del barrio Cervantes perdieron la vida tras un deslizamiento de tierra.

De estos casos, hay dos referentes puntuales para quienes hoy esperan iniciar un proceso en contra de la Administración Municipal y Corpocaldas. En el 2012, 19 años después de la tragedia en La Carolita, el Consejo de Estado falló en segunda instancia a favor de la familia Patiño Arcila por los daños morales causados. Además de estas dos entidades, la Caja de la Vivienda Popular también tuvo que responder.

Por otro lado, de la tragedia del Cervantes surtieron procesos administrativos y penales. Las familias exigen indemnizaciones que redondean los 50 mil millones de pesos. Mientras tanto, en la Fiscalía hay investigaciones y procesos en curso para determinar responsabilidades penales por lo ocurrido. A hoy, todavía no se ha resuelto la situación. “Ya van cinco años de proceso administrativo, y el penal, está ad portas de continuar a final de año”, explica José Hernando Jiménez, uno de los abogados asesores. Añadió que así las cosas, el caso de Aranjuez, Bajo Persia y los demás barrios afectados el año pasado, podría tardar más.

 

Cifra

99.700 millones de pesos comprometió el Gobierno Nacional para atender los efectos de la emergencia del 17 de abril. A la fecha no han llegado todos los recursos. La percepción de la comunidad es que les incumplieron.

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